Con fecha 06 de noviembre del presente año se ha publicado la Ley N.º 32153, que introduce importantes modificaciones al Nuevo Código Procesal Constitucional, con el objetivo de optimizar los procesos constitucionales y proteger de manera más efectiva los derechos fundamentales. Esta ley surge como parte de un esfuerzo por fortalecer el marco procesal constitucional, que desde su implementación en 2021 ha sido objeto de revisiones para garantizar un acceso más justo y ágil a la justicia, especialmente en casos relacionados con derechos humanos.

Una de las principales novedades que trae esta ley es la regulación más precisa sobre el rechazo liminar en demandas de procesos constitucionales, como el habeas corpus y amparo. Ahora, el rechazo solo procede en casos de imposibilidad física o jurídica de la pretensión, exigiendo una motivación cualificada por parte del juez. Además, se redefine el procedimiento para el amparo contra resoluciones judiciales, estableciendo competencias específicas según el nivel de las decisiones cuestionadas.

Otro de los cambios significativos que trae consigo, es la limitación que se establece en la interpretación de derechos fundamentales dentro del marco constitucional peruano. Establece que la interpretación de dichos derechos debe hacerse en relación con los tratados internacionales de derechos humanos “de los que el Perú es parte”, lo que excluye expresamente aquellos tratados que el país no ha ratificado. Además, limita el uso de las decisiones de organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, únicamente a las sentencias en las que Perú sea parte, dejando de lado las opiniones consultivas.

Asimismo, con esta norma se eliminan flexibilidades procesales establecidas para actos legislativos del Congreso. En este contexto, se establece que las impugnaciones relacionadas con el proceso legislativo deben tramitarse exclusivamente mediante acciones de inconstitucionalidad. Anteriormente, se permitía que algunos actos legislativos fueran cuestionados mediante recursos o acciones menos específicas, lo que generaba ambigüedades y riesgos de duplicidad en el tratamiento de las controversias.

Con esta implementación, se refuerza la idea de que las acciones de inconstitucionalidad son el medio exclusivo y especializado para evaluar si un acto legislativo contraviene la Constitución. Esto implica que cualquier debate sobre la validez de una norma aprobada por el Congreso debe ser resuelto en un marco procesal que garantice rigor y uniformidad en su análisis. Además, esta disposición busca prevenir que los tribunales ordinarios asuman competencias que corresponden al Tribunal Constitucional, promoviendo una mayor claridad y efectividad en el sistema jurídico.

En conclusión, la Ley N.º 32153 representa un paso hacia la consolidación de un sistema procesal constitucional más claro y eficiente. Sin embargo, su efectividad dependerá de cómo los operadores del sistema judicial interpreten y apliquen sus disposiciones, especialmente en lo relativo a la protección de derechos fundamentales. Aunque estas modificaciones prometen un avance en términos de celeridad y certeza jurídica, también plantean desafíos interpretativos que requerirán atención para evitar retrocesos en la garantía de derechos humanos.

Por: Maria Alejandra Ramirez

Asistente Legal

El día 10 de octubre del 2024 se publicó mediante el Diario Oficial El Peruano la Ley N°32130, dispositivo normativo que modifica en conjunto varios artículos del Código Procesal Penal Peruano, el presente artículo busca analizar brevemente el animus, la coherencia y la efectividad de dichas modificaciones.

La redacción de los artículos modificados es crucial, a lo largo de esta se evidencia que se ha dejado de hablar de inicio de Diligencias Preliminares, pasando a denominarse Investigación Preparatoria propiamente, dotándola de una mayor importancia y mayor peso de la que ya tenía respecto a las otras etapas del Proceso Penal Peruano, pero pudiendo ocasionar un impase que no desarrolla el legislador; quizás porque no lo prevé, y es que se estaría generando un exceso de persecución al investigado, situación que puede remitirnos a modelos inquisitorios que no deberían aplicarse a estas fechas.

En esa línea tenemos que ahora la investigación preliminar del delito pasa a estar a cargo de la Policía Nacional, esta disposición normativa y la forma en la que ha sido redactada resulta confusa, ya que denota un animus limitante hacia el Ministerio Público; es decir, evidencia la intención de disminuir la participación de este en la etapa preliminar de la investigación, no la descarta por completo, pero la reduce en demasía ya que mediante la modificación del art. 67 se deja estatuido que no existe subordinación por parte de la PNP, siendo que el fiscal solo cumple la tarea de un orientador legal; es decir, las disposiciones del Ministerio Público no son vinculantes en esta etapa, ahora son solo recomendaciones u opiniones. Se deja aún más claro que ahora la investigación preliminar está a cargo de la Policía mediante la modificatoria del art. 330.

Ahora lo eximido en el párrafo precedente se sostiene tan solo con la presente ley modificatoria, siendo que esta no posee el rango constitucional y sobre todo porque esta contraviene la Carta Magna Peruana que mediante su art. 159 dota de facultades de dirección desde el inicio de la Investigación del delito y por la que dispone que la PNP está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función; estas consideraciones dispuestas por la Ley N°32130 resultan contradictorias a la Constitución misma, ya que el titular de la acción penal es el Ministerio Público y bajo su naturaleza de titular mismo, es incongruente que se le limite en su accionar, siendo que para efectos del actual caso peruano bajo la presente ley, el MP ya no sería el titular íntegro de la citada acción penal.

Las modificatorias al Nuevo Código Procesal Penal se pueden entender bajo la lógica de buscar una mayor eficiencia en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia; sin embargo, incluso desde esa perspectiva adolece de una incoherencia e incongruencia manifiesta, ya que resulta difícil poder entender como es que se le está dando mayor importancia y relevancia a la PNP, siendo que esta es la entidad con mayor riesgo de corrupción (esto basado en el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional INCO -2024).

Así mismo, el personal policial no es técnico jurídico y habiéndoseles dado la potestad de no estar vinculados y hacer caso omiso a las disposiciones fiscales, aumenta la probabilidad de la comisión de excesos, vulneración del debido proceso, afectación de derechos indisponibles y fundamentales.

Por otro lado, la presente ley no solo se ha pronunciado respecto a la denominada con énfasis  “Investigación Preliminar”, sino que también ha realizado ajustes en otras etapas del proceso, como por ejemplo respecto al artículo 283, en el que ahora tenemos la inclusión de la cesación de la comparecencia restrictiva y no solo la variación a una de estas, si bien este extremo se entiende que obedece a fines netamente garantistas, es evidente y claro que crea un riesgo innecesario; y es el agotamiento de esta vía, situación que sería contraproducente para la celeridad buscada para agilizar los procesos penales mediante la presente ley modificatoria.

El éxito de las normas va de la mano con el conocimiento del legislador sobre la realidad sobre la que legisla, siendo que al parecer nuestro legislador no conoce realmente nuestra realidad. Se ha demostrado que los operativos inopinados realizados por parte de la Policía Nacional, Ministerio Público o alguna otra entidad estatal, han resultado ser los más fructíferos para poder luchar contra la informalidad, ilegalidad y la criminalidad organizada; sin embargo, es preocupante que atendiendo a fines garantistas, se creen riegos innecesarios y altos que perjudican al proceso penal mismo y a las herramientas de las que este se sirve para lograr la obtención de resultados, por ejemplo mediate  la modificatoria del art. 216, se busca salvaguardar los derechos del sujeto allanado, la citada normal no pondera que en el tiempo de espera al abogado defensor, pueda suscitarse el riesgo de destrucción o pérdida de evidencia, además no se ha planteado que para los casos de allanamientos simultáneos, estos se complicarían aún más debido a la posible fuga de información y a que se estaría quitando el factor sorpresa e inmediatez propias de estas medidas limitativas de derechos, que eran las principales armas con las que contaba el Ministerio Público para la lucha contra la criminalidad la criminalidad en general, armas o medios que son utilizados por la legislación comparada por casi todos los estados, siendo que la medida tomada por este dispositivo normativo no tiene precedente internacional vigente.

En esta línea argumentativa también debo señalar que resulta innecesaria la presencia del abogado defensor o del Defensor Público, sobre todo cuando el representante del Ministerio Público vela por la garantía de los derechos y el cumplimiento de la Legalidad de las normas.

En conclusión, desde mi perspectiva las modificatorias presentadas por la Ley N°32130 son generadoras de riesgo y parecen haber sido redactadas en desconocimiento de la realidad peruana; a pesar de que posee destellos garantistas en pro de los investigados, esto lo hace en desmedro del estado de Derecho mismo de una República que lo que busca es luchar efectivamente contra una criminalidad que se ha dado cuenta que el derecho penal no está cumpliendo con su finalidad, la cual es devolver la vigencia a la norma.

Por: Carlos Vilela Alama

Asistente Legal

La Ley N.º 32123, promulgada en Perú el 24 de septiembre del presente año, marca un hito en la modernización del sistema previsional del país. Esta norma responde a la creciente preocupación por las pensiones y la necesidad de garantizar un futuro más seguro para los jubilados. Durante décadas, el sistema ha sido criticado por su ineficiencia y las bajas pensiones que ofrece, lo que ha generado movilizaciones sociales y propuestas de reforma. La Ley N.º 32123 busca no solo actualizar las normativas existentes, sino también transformar la estructura del sistema previsional para adaptarse a las realidades económicas y laborales actuales.

Desde sus inicios, la modernización del sistema previsional ha estado marcada por un enfoque en la equidad y la sostenibilidad. Las reformas anteriores, muchas de ellas impulsadas en los años 90, fueron insuficientes para abordar las crecientes demandas de la población. La Ley N.º 32123 se convierte así en una respuesta a la crisis de confianza en el sistema, estableciendo un marco que busca garantizar pensiones dignas a una población cada vez más envejecida. De este modo, la norma se presenta como un paso hacia la construcción de un sistema previsional más inclusivo y eficiente.

La nueva estructura del Sistema Previsional se basa en un enfoque integral que busca garantizar pensiones para toda la población, adaptándose a diferentes situaciones socioeconómicas. El sistema se organiza en cuatro pilares. El primero es el pilar no contributivo, destinado a quienes no han podido aportar lo suficiente para obtener una pensión proporcional, así como a personas en pobreza o con discapacidades severas, asegurando una pensión básica para ellos. El pilar semicontributivo, por su parte, está diseñado para afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que cumplieron con sus aportes y para aquellos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que, aunque no hicieron retiros, no tienen fondos suficientes para una pensión mínima.

El pilar contributivo, por su parte, garantiza pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y los gastos de sepelio a quienes cumplen con los requisitos mínimos de aportes establecidos en el sistema previsional. Este pilar es fundamental para aquellos que han tenido una participación activa y continua en el sistema de pensiones, asegurando una cobertura integral en distintas eventualidades. Finalmente, el pilar voluntario se presenta como una opción complementaria, permitiendo a los afiliados realizar aportes adicionales de manera voluntaria para mejorar el monto de sus pensiones o completar los requisitos de aportación. Esta estructura busca ofrecer flexibilidad y seguridad para adaptarse a las diferentes realidades económicas de los afiliados, garantizando un sistema más equitativo y eficiente.

Uno de los aspectos más destacados de la Ley N.º 32123 es la introducción de mecanismos de portabilidad de fondos previsionales. Este cambio permite a los trabajadores mover sus ahorros entre distintos fondos sin perder sus derechos adquiridos. Esto es crucial en un país con alta informalidad laboral y frecuentes cambios de empleo. La portabilidad aumenta la competencia entre las administradoras de pensiones y ofrece a los trabajadores más flexibilidad para buscar mejores oportunidades laborales sin temor a perder sus ahorros, lo que puede mejorar su estabilidad económica futura.

Por otro lado, dentro de las disposiciones que se han implementado con esta norma, una de las principales medidas es la obligatoriedad de aportes para trabajadores independientes, lo que amplía la base de contribuyentes al sistema previsional, así como también el aumento de la pensión mínima a 600 soles. La ley también propone mecanismos innovadores como la pensión por consumo, donde el porcentaje del 1% de las compras con boleta se destinará automáticamente al fondo de pensiones del afiliado. Asimismo, se busca mejorar la gestión de los fondos, permitiendo a entidades financieras como bancos, aseguradoras, cajas municipales y otras instituciones participar en la administración de los mismos, dando mayores opciones a los aportantes para decidir quien administrara su fondo de pensión.

Entre los diferentes temas que han generado debate en esta nueva ley de pensiones, es la imposición de afiliación automática a ONP para todos los ciudadanos que cumplan 18 años, con la excepción de que expresen de forma explícita a sus empleadores su deseo de afiliarse a alguna de las AFP existentes. Una de las principales críticas a esta implementación es la falta de flexibilidad que impone a los jóvenes. Al afiliar automáticamente a los ciudadanos al cumplir los 18 años, se les fuerza a participar en un sistema estatal que, a diferencia de las AFP del sector privado, no ofrece una gestión individualizada de los fondos. Este modelo genera preocupación, ya que los aportes de los jóvenes se destinan a cubrir las pensiones actuales en lugar de generar un fondo personal. Además, si no expresan su preferencia, son absorbidos por la ONP, lo que limita su capacidad de elegir desde el inicio un esquema que se ajuste mejor a sus expectativas de rentabilidad y seguridad. Otra crítica surge en relación con la equidad intergeneracional, ya que este esquema puede ser visto como un mecanismo en el que los jóvenes financian un sistema cuya viabilidad a largo plazo es incierta. El modelo de reparto, donde las contribuciones actuales cubren las pensiones de los jubilados, ofrece rendimientos inferiores a los fondos de las AFP, que acumulan ahorros e invierten. Aunque el sistema público garantiza una pensión mínima, su sostenibilidad y efectividad para las futuras generaciones es cuestionada, lo que podría desincentivar el ahorro y la participación en el sistema previsional, generando preocupaciones sobre su estabilidad futura.

En conclusión, la Ley de Modernización del Sistema Previsional en Perú representa un esfuerzo significativo para abordar los desafíos estructurales del sistema de pensiones, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar pensiones más justas para la población. Al introducir un modelo multipilar que combina elementos contributivos, no contributivos y voluntarios, la reforma busca atender las necesidades de distintos sectores de la sociedad, incluyendo aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, las críticas a la afiliación automática y la sostenibilidad del sistema estatal subrayan la importancia de asegurar una mayor libertad de elección para los trabajadores y fortalecer la viabilidad financiera del sistema a largo plazo. Para que esta reforma cumpla con sus objetivos, será crucial una implementación cuidadosa y un monitoreo constante de los resultados.

Por: Maria Alejandra Ramirez

Asistente Legal

La Colaboración Eficaz, se ha convertido en un proceso autónomo basado en el Principio del Consenso entre las partes y la justicia penal negociada; que se disocia de la actividad criminal para presentar una propuesta con la finalidad de proporcionar información útil a cambio de beneficios premiales.

Este proceso, puede ser disponible para ciertos delitos que tienen como objetivo principal la lucha contra el crimen organizado; lo que significa, que cada Estado considerará la posibilidad de mitigar la pena de una persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o en el enjuiciamiento de delitos tipificados contra la corrupción.

Este tipo de procesos ha coadyuvado en el esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos por altos funcionarios públicos; ya que la información aportada por el Colaborador Eficaz debe ser objetiva y proporcionada, pues cada palabra debe ser corroborada con los medios de prueba que presente el colaborador, para alcanzar los fines de la colaboración eficaz que responde a la necesidad de obtener una información real y válida para incriminar a una persona investigada.

Pues, el fundamento de este proceso se enmarca en la justicia penal negociada, que implica el otorgamiento de beneficios de orden punitivo, en virtud de la información que el colaborador a prestado junto con los elementos de convicción que permitan el esclarecimiento de los hechos investigados o incluso dar el conocimiento de nuevos hechos presuntamente ilícitos.

De esta manera, en la actualidad el proceso de Colaboración Eficaz ha tenido una percepción aceptada para esclarecer hechos delictivos como consecuencia de la corrupción cometida por los funcionarios públicos, que, al ser adoptada por nuestro ordenamiento jurídico procesal, ha permitido que el objetivo de la persecución del delito sea de manera efectiva y célere.

Asimismo, este proceso en los delitos de corrupción tiende a satisfacer los intereses de manera simultánea, toda vez que, el interés del Estado y el interés del colaborador eficaz, deben concurrir con intereses y una debida manifestación de voluntad que configure una colaboración en los límites del marco legal.

Es así que, este proceso ha tenido mucha utilidad en el desarrollo de la justicia, actualmente en el Perú, gracias a este proceso se viene investigando a altos funcionarios tales como ex presidentes, ex candidatos presidenciales, ex ministros y otros; como consecuencia del contenido de las declaraciones por algunos colaboradores eficaces; en cambio si ello no hubiese pasado existiría un lento avance de investigación dentro de nuestro sistema de justicia, o nos encontraríamos ante una situación de desconocimiento.

Por consiguiente, el proceso de colaboración eficaz, más que otorgar beneficios premiales en cuanto a la impunidad, es una oportunidad de combatir de forma directa y eficiente el crimen con respecto a los casos de corrupción en la administración pública.