La Ley N.º 32123, promulgada en Perú el 24 de septiembre del presente año, marca un hito en la modernización del sistema previsional del país. Esta norma responde a la creciente preocupación por las pensiones y la necesidad de garantizar un futuro más seguro para los jubilados. Durante décadas, el sistema ha sido criticado por su ineficiencia y las bajas pensiones que ofrece, lo que ha generado movilizaciones sociales y propuestas de reforma. La Ley N.º 32123 busca no solo actualizar las normativas existentes, sino también transformar la estructura del sistema previsional para adaptarse a las realidades económicas y laborales actuales.

Desde sus inicios, la modernización del sistema previsional ha estado marcada por un enfoque en la equidad y la sostenibilidad. Las reformas anteriores, muchas de ellas impulsadas en los años 90, fueron insuficientes para abordar las crecientes demandas de la población. La Ley N.º 32123 se convierte así en una respuesta a la crisis de confianza en el sistema, estableciendo un marco que busca garantizar pensiones dignas a una población cada vez más envejecida. De este modo, la norma se presenta como un paso hacia la construcción de un sistema previsional más inclusivo y eficiente.

La nueva estructura del Sistema Previsional se basa en un enfoque integral que busca garantizar pensiones para toda la población, adaptándose a diferentes situaciones socioeconómicas. El sistema se organiza en cuatro pilares. El primero es el pilar no contributivo, destinado a quienes no han podido aportar lo suficiente para obtener una pensión proporcional, así como a personas en pobreza o con discapacidades severas, asegurando una pensión básica para ellos. El pilar semicontributivo, por su parte, está diseñado para afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que cumplieron con sus aportes y para aquellos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que, aunque no hicieron retiros, no tienen fondos suficientes para una pensión mínima.

El pilar contributivo, por su parte, garantiza pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y los gastos de sepelio a quienes cumplen con los requisitos mínimos de aportes establecidos en el sistema previsional. Este pilar es fundamental para aquellos que han tenido una participación activa y continua en el sistema de pensiones, asegurando una cobertura integral en distintas eventualidades. Finalmente, el pilar voluntario se presenta como una opción complementaria, permitiendo a los afiliados realizar aportes adicionales de manera voluntaria para mejorar el monto de sus pensiones o completar los requisitos de aportación. Esta estructura busca ofrecer flexibilidad y seguridad para adaptarse a las diferentes realidades económicas de los afiliados, garantizando un sistema más equitativo y eficiente.

Uno de los aspectos más destacados de la Ley N.º 32123 es la introducción de mecanismos de portabilidad de fondos previsionales. Este cambio permite a los trabajadores mover sus ahorros entre distintos fondos sin perder sus derechos adquiridos. Esto es crucial en un país con alta informalidad laboral y frecuentes cambios de empleo. La portabilidad aumenta la competencia entre las administradoras de pensiones y ofrece a los trabajadores más flexibilidad para buscar mejores oportunidades laborales sin temor a perder sus ahorros, lo que puede mejorar su estabilidad económica futura.

Por otro lado, dentro de las disposiciones que se han implementado con esta norma, una de las principales medidas es la obligatoriedad de aportes para trabajadores independientes, lo que amplía la base de contribuyentes al sistema previsional, así como también el aumento de la pensión mínima a 600 soles. La ley también propone mecanismos innovadores como la pensión por consumo, donde el porcentaje del 1% de las compras con boleta se destinará automáticamente al fondo de pensiones del afiliado. Asimismo, se busca mejorar la gestión de los fondos, permitiendo a entidades financieras como bancos, aseguradoras, cajas municipales y otras instituciones participar en la administración de los mismos, dando mayores opciones a los aportantes para decidir quien administrara su fondo de pensión.

Entre los diferentes temas que han generado debate en esta nueva ley de pensiones, es la imposición de afiliación automática a ONP para todos los ciudadanos que cumplan 18 años, con la excepción de que expresen de forma explícita a sus empleadores su deseo de afiliarse a alguna de las AFP existentes. Una de las principales críticas a esta implementación es la falta de flexibilidad que impone a los jóvenes. Al afiliar automáticamente a los ciudadanos al cumplir los 18 años, se les fuerza a participar en un sistema estatal que, a diferencia de las AFP del sector privado, no ofrece una gestión individualizada de los fondos. Este modelo genera preocupación, ya que los aportes de los jóvenes se destinan a cubrir las pensiones actuales en lugar de generar un fondo personal. Además, si no expresan su preferencia, son absorbidos por la ONP, lo que limita su capacidad de elegir desde el inicio un esquema que se ajuste mejor a sus expectativas de rentabilidad y seguridad. Otra crítica surge en relación con la equidad intergeneracional, ya que este esquema puede ser visto como un mecanismo en el que los jóvenes financian un sistema cuya viabilidad a largo plazo es incierta. El modelo de reparto, donde las contribuciones actuales cubren las pensiones de los jubilados, ofrece rendimientos inferiores a los fondos de las AFP, que acumulan ahorros e invierten. Aunque el sistema público garantiza una pensión mínima, su sostenibilidad y efectividad para las futuras generaciones es cuestionada, lo que podría desincentivar el ahorro y la participación en el sistema previsional, generando preocupaciones sobre su estabilidad futura.

En conclusión, la Ley de Modernización del Sistema Previsional en Perú representa un esfuerzo significativo para abordar los desafíos estructurales del sistema de pensiones, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar pensiones más justas para la población. Al introducir un modelo multipilar que combina elementos contributivos, no contributivos y voluntarios, la reforma busca atender las necesidades de distintos sectores de la sociedad, incluyendo aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, las críticas a la afiliación automática y la sostenibilidad del sistema estatal subrayan la importancia de asegurar una mayor libertad de elección para los trabajadores y fortalecer la viabilidad financiera del sistema a largo plazo. Para que esta reforma cumpla con sus objetivos, será crucial una implementación cuidadosa y un monitoreo constante de los resultados.

✍Por: Maria Alejandra Ramirez

Asistente Legal