1. INTRODUCCIÓN La sentencia del Caso Zegarra Marín Vs. Perú, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un hito significativo en la protección de los derechos humanos en el contexto del sistema judicial peruano, el caso en cuestión versa sobre la violación de derechos fundamentales, el principio de presunción de inocencia y el deber de fundamentar las sentencias, situación que ocasionó que el proceso penal culminara con la condena de Zegarra Marín. La consideración de las circunstancias del caso ofrece a la Corte la oportunidad no solo de cuestionar la legalidad de las decisiones judiciales en el Perú, sino también la oportunidad de reafirmar la relevancia del debido proceso y justicia.A través del análisis de las pruebas y argumentos presentados por las partes, la Corte pretende establecer un precedente importante que apoye la protección de los derechos humanos en la región. El papel de la Corte no se limita a destacar que los tribunales están obligados a seguir este principio, sino también que esto debe hacerse de manera transparente y con fundamentación. Este artículo examinará los puntos clave de la sentencia y discutirá su importancia para el sistema de justicia y los derechos humanos, que por medio del derecho comparado permitirá elevar su utilidad no solo en Perú, sino también en toda América Latina.
 
    1. DESARROLLO Los dos desafíos críticos del control de convencionalidad son: Por un lado, la integración de esta norma al sistema jurídico nacional y, por el otro, la resistencia de algunos actores tanto gubernamentales como privados a la aplicación de esta.En lo que se refiere a la primera cuestión, es necesario que los sistemas legales nacionales se incorporen al paradigma del control de convencionalidad, es decir, se modifiquen las formas de interpretación y praxis de las normas internas en relación con los tratados internacionales de derechos humanos. Respecto a la resistencia institucional, es posible que algunas instituciones del Estado no estén dispuestas a aceptar que el derecho internacional tiene primacía sobre el derecho interno (podemos tomar como referencia a la pirámide de Kelsen). Por otra parte, la cuestión de la formación y la sensibilización es crítica, ya que capacitar adecuadamente a los jueces y funcionarios de justicia en materia de derechos humanos y control de convencionalidad es esencial para que puedan ser capaces de aplicar este parámetro. Finalmente, el desafío de la coherencia jurisprudencial: es necesario que haya una jurisprudencia uniforme y coherente en la aplicación del control de convencionalidad, ya que si no hay coherencia los jueces pueden emitir fallos contradictorios y con menos protección de los derechos humanos. Estos desafíos evidencian lo difícil que puede ser lograr que, a nivel interno, un control efectivo de los derechos humanos se dé en sujetos internos, a pesar de que internacionalmente estén protegidos.
 
    1. RESPECTO A LOS CASOS DE CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

      El control de convencionalidad es un principio clave en el sistema interamericano de derechos humanos que obliga a los Estados a asegurarse de que sus leyes, prácticas y decisiones judiciales se alineen con los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo que para los casos de crimen organizado y corrupción, este principio cobra una relevancia especial por varias razones:

      • Protección de Derechos Humanos: Es vital que las acciones del Estado en casos de crimen organizado y corrupción no violen los derechos humanos de los acusados ni de las víctimas. El control de convencionalidad asegura que las leyes y procedimientos empleados respeten principios fundamentales como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.
      • Imparcialidad y Transparencia: En temas de corrupción, el control de convencionalidad también asegura que los procesos judiciales sean justos y transparentes. Esto es crucial para mantener la confianza pública en el sistema judicial y garantizar que las decisiones se basen en pruebas y no en prejuicios o intereses políticos.
      • Responsabilidad del Estado: Los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que sus acciones contra el crimen organizado y la corrupción sean efectivas y respeten los derechos humanos. Esto incluye la obligación de investigar, sancionar y remediar cualquier violación a los derechos humanos que pueda surgir durante estos procesos.
      • Desarrollo de Jurisprudencia: Aplicar el control de convencionalidad en estos casos ayuda a desarrollar una jurisprudencia que fortalece los derechos humanos en la región. Las decisiones de la Corte Interamericana y otros tribunales pueden servir como referencia para jueces y fiscales en la interpretación y aplicación de la ley en estos casos.
       

      En conclusión, el control de convencionalidad es fundamental para garantizar que la lucha contra el crimen organizado y la corrupción se realice de manera que se respeten y protejan los derechos humanos.

      Así mismo, su correcta implementación en la función judicial y fiscal es esencial para asegurar justicia, imparcialidad y el respeto por los derechos de todos los involucrados en estos procesos, siendo lo mencionado parte del debido proceso.

 
    1. ALCANCES DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
      • Derecho Fundamental: La presunción de inocencia es un derecho esencial recogido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que cualquier persona acusada de un delito debe ser vista como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio es clave para asegurar que el proceso judicial respete los derechos de todos.
      • Estado Jurídico de Inocencia: La presunción de inocencia asegura que el acusado sea tratado como si no hubiera cometido el delito mientras se resuelve su caso. Esto implica que sus derechos y dignidad deben ser protegidos durante todo el proceso judicial.
      • Carga de la Prueba: Es tarea de la parte acusadora, en este caso el Estado, demostrar que el acusado es culpable. La presunción de inocencia significa que es el acusador quien debe presentar pruebas suficientes para probar que el delito fue cometido por el acusado, no al revés.
      • Exigencia de Prueba Plena: La Corte ha dejado claro que nadie debe ser condenado a menos que haya pruebas completas y claras de su culpabilidad. Si las pruebas no son suficientes, el acusado debe ser absuelto, ya que la falta de pruebas sólidas va en contra de este principio.
      • Límites a la Discrecionalidad Judicial: La presunción de inocencia también establece límites en cómo los jueces pueden interpretar las pruebas. Debe haber un mínimo de evidencia para declarar a alguien culpable, más allá de cualquier duda razonable. La Corte resalta que este principio ayuda a mantener el juicio justo y limita las decisiones subjetivas.
      • In dubio pro administrado: Si surge alguna duda durante el juicio, esta debe resolverse a favor del acusado. Esto asegura que el sistema de justicia proteja los derechos del imputado y que no sea condenado sin pruebas suficientes.
      En resumen, la presunción de inocencia es fundamental para garantizar que el sistema penal respete los derechos humanos. Protege a los acusados de ser condenados injustamente y asegura que las decisiones judiciales se basen en pruebas sólidas y un análisis imparcial e inalterable.
 
    1. CASOS QUE UTILIZA LA CIDH PARA ESTABLECER PARÀMETROS
      • Caso Velásquez Rodríguez: Este caso es crucial para la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque establece que los Estados deben respetar y proteger los derechos humanos. La Corte examinó la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de una persona y subrayó la importancia de llevar a cabo investigaciones efectivas y ofrecer reparaciones a las víctimas. La mención de este caso en relación con el control de convencionalidad destaca la necesidad de que las acciones judiciales se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos.
      • Caso Ruano Torres vs. El Salvador: Este está relacionado con la obligación de los Estados de garantizar juicios justos y respetar las garantías procesales. La Corte revisó cómo los tribunales manejaron las pruebas y destacó que estos deben ser justos y respetar los derechos de los acusados. Este caso refuerza la idea de que el control de convencionalidad es esencial para asegurar procesos judiciales justos y transparentes.
      • Caso de Jairo Andrés Valencia Díaz vs. España: Se menciona este caso como un ejemplo de cómo se aplican los estándares internacionales al evaluar pruebas y respetar los derechos de los acusados. La Corte Europea de Derechos Humanos abordó temas relacionados con el debido proceso y la imparcialidad, principios que también busca proteger la Corte Interamericana en su jurisprudencia.
      Estas referencias son importantes porque muestran cómo la Corte Interamericana aplica el control de convencionalidad y los estándares de derechos humanos en sus decisiones. Además, evidencian la conexión la evolución de la interpretación de los derechos humanos en la justicia penal, especialmente en contextos de crimen organizado y corrupción.
 
  1. CONCLUSIONES
      El caso Zegarra Marín pone en relieve problemas importantes relacionados con el respeto a los derechos humanos en procesos penales, la importancia de un debido proceso, y la necesidad de que los Estados cumplan con sus compromisos internacionales, sobre todo en casos que se sirven del concurso de prueba indiciaria para la demostración de comisión de delitos respecto a crimen organizado y corrupción de funcionarios. La Corte Interamericana busca asegurar que los derechos de las personas sean protegidos y que los procesos judiciales sean justos y transparentes, así mismo de este caso se pone en evidencia una postura inquisidora por parte de los representantes del Ministerio Público y poco garante por parte del Poder Judicial, situación que se presencia de manera más repetitiva en nuestra realidad nacional.

✍Por: Maria Alejandra Ramirez

Asistente Legal