Durante los últimos años, en el Perú se ha desarrollado una corrupción pública como fenómeno social, que ha vulnerado el desarrollo de las actividades de las instituciones del Estado, generando graves consecuencias económicas que afectan el crecimiento del país.
Los peruanos a su vez requieren de la satisfacción de las necesidades básicas que ofrece el Estado, como la construcción de carreteras, colegios, hospitales, etc. Sin embargo, dichas actividades se desarrollan a través de la administración pública, especialmente en el ámbito de los procesos de las contrataciones públicas en los cuales existe gran incidencia de corrupción cometida por los funcionarios y servidores públicos.
En ese sentido, este fenómeno social, genera una pluralidad de consecuencias que afectan distintos ámbitos de la sociedad, ante la pérdida de desconfianza de los ciudadanos y demás empresas inversionistas en las instituciones públicas; deslegitimando el sistema democrático al priorizar los intereses particulares de los funcionarios contra la satisfacción general de toda la población, afectando al desarrollo del país.
Y es que la corrupción, es un mal que vulnera el principio de representación, ya que las autoridades públicas elegidas por el voto popular prefieren atender los intereses de quienes les han servido como agentes de financiamiento de sus campañas políticas, y no a la población que los colocó en el poder; afectando las relaciones y el libre comercio empresarial, que tiene impacto en la ejecución de las políticas económicas; ya que se ve afectado también el crecimiento económico que se ve reflejado en el gasto público y la inversión nacional o extranjera.
Asimismo, la inversión pública se hace en determinadas actividades con el sector privado con el objetivo de beneficiar a un grupo de interesados, reduciéndose la productividad y eficiencia de las obras en relación con el precio invertido.
Pues, la corrupción en el Perú, afecta los derechos de naturaleza económica, social y cultural de los peruanos, ante la dirección de los fondos públicos para la realización de proyectos innecesarios, que también produce el alejamiento de empresas inversionistas nacionales y extranjeras por la falta de competencia en el mercado; generándose monopolios en las adjudicaciones públicas por la ausencia de control y supervisión de los funcionarios corruptos, por su traición al deber, a la ética y a la honradez, a través de los sobreprecios que alentan una economía paralela y sumergida, que obstaculiza el desarrollo y crecimiento económico del país, al dejar de utilizarse fondos para cubrir otras necesidades esenciales del Estado para el bienestar de los ciudadanos.
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